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DIPUTACIÓN

El Pleno de noviembre se salda con acuerdos para la consolidación de los servicios públicos o la mejora de infraestructuras provinciales, entre otras cuestiones

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La Diputación de Cádiz instará al Gobierno andaluz a incluir en el Presupuesto de la Junta para el año 2022 una serie de cuestiones que el portavoz del Grupo Socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, ha considerado como fundamentales para “avanzar hacia una recuperación económica y social justa tras la pandemia provocada por el COVID-19”.


Así lo ha acordado la Corporación provincial, durante el Pleno ordinario del mes de noviembre, tras aprobar una propuesta del PSOE en la que se solicitan cuestiones concretas como: ampliar hasta 250 millones de euros el Plan de Empleo para Andalucía del Gobierno de España y con especial incidencia en la provincia de Cádiz; elaborar un Plan de Transformación Económica, Recuperación y Resiliencia, reforzando el apoyo a autónomos y empresas; aumentar los fondos de la PATRICA a las administraciones locales hasta 600 millones de euros; colaborar con los ayuntamientos y diputaciones para una más eficiente ejecución de los Fondos Europeos; la creación del ‘Fondo Andalucía Rural’ para ayudar a pequeños ayuntamientos con riesgo de despoblación; mantener y aumentar las ayudas destinadas al PFEA; impulsar medidas de refuerzo del sistema público sanitario, para mantener y ampliar la plantilla, abordando la equiparación salarial con otras comunidades, reforzando la Atención Primaria y reduciendo las listas de espera; impulsar medidas para evitar el cierre de aulas en Educación Primaria y Secundaria, reducir los ratios de alumnos por docente, equiparar el salario del profesorado andaluz con el de otras comunidades; apoyar los proyectos y programas con Universidades Andaluzas y en especial el referido al traslado de la Facultad de Ciencias de la Educación al antiguo edificio de Valcárcel en Cádiz; aumentar los recursos para el servicio de la Ley de Dependencia, impulsar un Plan de Servicios Sociales con las Corporaciones Locales de Andalucía y a recuperar los Centros Municipales de Atención a la Mujer.

Todos los grupos que componen el Pleno han votado a favor de esta moción, con la excepción de Ciudadanos y el Partido Popular, que se han posicionado en contra.


También el Grupo Socialista, en este caso mediante una propuesta defendida por el diputado David de la Encina, obtuvo el respaldo necesario para proceder a instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a “recuperar, impulsar y proteger la calidad de los servicios esenciales para la ciudadanía y a no retroceder en los niveles del Estado de Bienestar existentes en Andalucía antes de la crisis de la pandemia y a seguir construyendo una red de servicios públicos de calidad”. En esta línea se reivindica la mejora salarial y de las condiciones laborales de los profesionales de sectores básicos como la Sanidad, la Educación o los Servicios Sociales, así como la garantía y ampliación de la financiación para el sistema de Dependencia y la atención a las personas mayores o con distintos tipos de discapacidad.


Por otra parte, la diputada Carmen Collado defendió la iniciativa del PSOE en la que se proponía instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía a conmemorar el 1 de octubre de cada año el aniversario del voto de las mujeres; a conmemorar el próximo 30 de abril de 2022 el 50 aniversario del fallecimiento en el exilio de Clara Campoamor; y la celebración en 2023 del 90 aniversario de las primeras elecciones democráticas que contaron con el voto femenino, contando para ello con la participación del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres y con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Adelante Cádiz presentó una enmienda para incluir en el acuerdo la puesta en valor del papel de las mujeres gaditanas que lucharon por el sufragio femenino. Todos los grupos dieron su voto favorable a esta cuestión, a excepción del PP que se abstuvo.


A propuesta del Grupo Izquierda Unida, y con la abstención del Partido Popular y Ciudadanos, la Corporación acordó instar a la Junta de Andalucía a que proceda a la reactivación urgente del Plan Forestal Andaluz mediante el inventario actualizado con la caracterización de los espacios forestales andaluces y la aprobación de una partida económica extraordinaria para el sector agro-forestal que se recoja en los próximos presupuestos para 2022. Se pedirá también al Gobierno andaluz que dote con carácter de urgencia un Plan de Recuperación del sector forestal de la provincia de Cádiz cifrado en 50 millones de euros para el próximo año. Con todo esto se quiere luchar contra el cambio climático y proteger la biodiversidad gaditana y andaluza, entre otras cuestiones.


También IU propuso trasladar a la Junta General del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz la necesidad de incrementar las partidas presupuestarias destinadas a los recursos humanos del Consorcio Provincial Contra Incendios para abordar en diferentes ejercicios económicos la creación de nuevos puestos de trabajo y acabar con la alta interinidad de la plantilla. El portavoz del Grupo Socialista en este punto, Manuel Ángel Chacón, aclaró que ya se viene trabajando en este asunto, subrayando, no obstante, la necesidad de aumentar las aportaciones de las distintas entidades que conforman el Consorcio.


Posteriormente, el PP presentó una propuesta, que también fue aprobada por el Pleno, para instar al Consorcio Provincial de Bomberos de Cádiz a que inicie con carácter urgente el expediente para dotar a Vejer de un Parque de Bomberos y su previsión en los presupuestos de 2022. Al mismo tiempo, se solicita al Ayuntamiento de Vejer la cesión de los terrenos necesarios para su construcción. El Grupo del PP defendió también una propuesta para exigir al Gobierno de la Nación que incluya una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado para acometer con carácter urgente las actuaciones pertinentes para el refuerzo y consolidación de los acantilados de Fuente del Gallo de Conil. La misma obtuvo el respaldo unánime del Pleno, matizando el portavoz del PSOE, Antonio González Mellado, que el Gobierno de la nación ya ha confirmado una consignación de 1,5 millones de euros para llevar a cabo esta actuación.


También se aprobó a instancias del PP, y con una enmienda del Grupo Socialista, que la Diputación de Cádiz proceda a estudiar la posible implantación de carriles bicis en carreteras provinciales y que la consignación presupuestaria de estos trabajos se realice a través de fondos Next Generation.


El portavoz del Grupo Andalucía por Sí, Miguel Molina, presentó una moción, que fue aprobada por unanimidad, dirigida a instar al Gobierno de España a que ponga en marcha un plan específico para Andalucía que garantice la convergencia con el resto de territorios del Estado en riqueza y empleo.


Hugo Palomares, por parte de Adelante Cádiz, defendió una propuesta para solicitar a la Junta y al Gobierno de España, con el liderazgo de la Diputación, consensuar los acuerdos necesarios para la realización de un estudio sobre la oportunidad técnica, económica, ecológica y social de la instalación de una planta de transformación de lactosueros, con preferencia de ubicación en la Sierra de Cádiz, y concretamente en Villaluenga del Rosario. Todo ello como paso previo a una posible inversión pública en dicho proyecto que vendría a reducir y aprovechar los residuos que produce la pujante industria quesera de la provincia. Salió adelante por unanimidad.


Como portavoz del mismo grupo, Lorena Garrón presentó una propuesta para que la Diputación Provincial, de acuerdo a su legislación vigente, ponga en marcha una línea específica de subvenciones de ayudas directas al alquiler para las víctimas de violencia de género así como de proyectos sociales que tengan como objetivo facilitar su acceso a la vivienda, instando a los ayuntamientos de la provincia a llevar a cabo actuaciones en esta misma línea, ampliando la reserva de viviendas protegidas destinadas estas mujeres. Del mismo modo, con esta proposición se insta a la Junta de Andalucía a aumentar el presupuesto de atención integral a las víctimas de violencia de género, especialmente en materia de vivienda. Esta iniciativa salió adelante por unanimidad.